#ACTA: Doblegarse desde Los Pinos

Por: Eduardo León

En el Senado de la República se debate un tema al que se ha dado poca difusión a pesar de su gran relevancia: el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA por sus siglas en inglés) que impulsa la administración del presidente norteamericano Barack Obama.

Se trata de un acuerdo multinacional en el que los gobiernos se comprometen a establecer normas más estrictas sobre la propiedad intelectual y derechos de autor (Copyright) pero solo para aquellos que estén adheridos a asociaciones o federaciones.

En el caso de México las implicaciones tendrían un alcance constitucional considerable, al tener que modificarse (si ese fuese el caso) el artículo noveno, que establece el derecho a la libre asociación, así como las respectivas adecuaciones de los artículos del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, a los que nos rigen en nuestra Carta Magna.

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito; pero solamente los ciudadanos de la republica podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar”.

Es decir, la protección a los derechos del autor, tomando como base el ACTA, solo contempla a las grandes asociaciones pero no a los creadores en lo individual, lo que los obligaría (para poder gozar de protección) a estar agremiados.

Por poner un ejemplo – en el caso de la música (51% de la actividad en Internet está vinculada a la descarga de este tipo de contenido) – un compositor para gozar de protección a sus derechos, tendría que ser miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en su página de Internet explica que con la firma del convenio ACTA, se pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI), hacer frente de un modo más efectivo, al cada vez más difundido negocio de compra-venta de productos falsificados, mejor conocidos como “piratas”.

Precisa este tema puntual atención pues conforme a la redacción en inglés de ACTA, el término ya desde sus siglas puede prestarse a una interpretación equivocada, lo que se pretende es proteger la propiedad intelectual a nivel internacional.

No obstante la aprobación de ACTA en México, según especialistas en la materia que participan en el análisis al interior del Senado de la República, refieren que significaría frenar el uso de la tecnología en lo que a Internet se refiere, pues su aplicación exige mecanismos de control del flujo de la información que circula por la red, algo así como un cuello de botella para saber qué es lo que hacen los usuarios y qué contenidos son descargados de forma legal o ilegal.

Es necesario recordar que nuestro país carece de legislación respecto de Internet, sus contenidos, descarga legal de archivos, es decir; aprobar un acuerdo internacional de carácter legal es un contrasentido cuando no existe la base jurídica que lo avale o sustente.

Cabe hacer mención que el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación no se refiere únicamente a Internet, sin embargo, la atención se ha centrado en este punto debido a que implica intrínsecamente la violación de los derechos ciudadanos.

En fecha reciente, tuvo lugar la tercera audiencia para discutir éste tema en el Senado, el Senador Carlos Sotelo García, del Partido de la Revolución Democrática, señaló en principio que el gobierno federal antes de signar cualquier tratado, convención o acuerdo internacional, primero debe presentarlo ante el Senado de la República para que, tras su análisis, ser ratificado y entonces sí, realizar la firma y acogerse a lo dispuesto.

Sin embargo puntualizó que esta situación desde su inicio fue irregular, pues se pretendió la firma del ACTA, sin que pasara por el Senado.

Dicho esto, reconoció a su vez la necesidad de combatir a la piratería de una forma más efectiva, pues afecta a la propiedad intelectual, creadores, intelectuales, artistas gráficos. No obstante, indicó que algunos de los artículos del ACTA son violatorios de los derechos fundamentales de l@s ciudadan@s.

Refirió que una vez firmado el Acuerdo, la autoridad impondría a los proveedores de servicios de Internet, la obligación de monitorear los contenidos a que tiene acceso el ciudadano; quien en caso de infringir la normativa del ACTA la autoridad podría solicitarle la cancelación del servicio a ese individuo.

México es el único país de Latinoamérica que sostiene discusiones y debates sobre el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación.

Por otra parte, Jesús Robles Maloof, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, expresó que con la aprobación del acuerdo, tendría lugar un cambio drástico sobre el Internet como lo conocemos, con mucha vigilancia sobre los usuarios y se penalizaría el uso incluso el uso no-lucrativo de material protegido por la ley de derechos de autor.

Fuera de la esfera digital en Internet, mencionó que las fronteras se volverían espacios de revisión minuciosa del comercio y las personas, para detectar posibles fallas a la Ley de la Propiedad Industrial y a los derechos de autor.

Robles Maloof sin cortapisas declaró que el Senado de la República no debe aprobar ACTA, pues se negoció a espaldas de l@s usuari@s de Internet, así como de consumidores de productos alrededor del mundo.

Acusó al gobierno mexicano de mentir sobre el desarrollo de los convenios que ya llevan más de 3 años, y agregó que fue por la presión de la sociedad civil que se pudo acceder a los borradores del documento y enfatizó: “El Gobierno Federal no avisó al Senado, como era su obligación, del inicio de las negociaciones de dicho tratado”.

Rechazó que exista la necesidad de signar un acuerdo de tal naturaleza, pues se cuenta en la actualidad con la Ley Federal, el Código Penal y al menos diez tratados internacionales, el IMPI y a nivel internacional, el OMPI, marco legal suficiente para proteger a los creadores de nuestro país.

Se le cuestionó al derecho-humanista sobre en quién recae el beneficio con la firma del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, y refirió que se trata –principalmente– de empresas trasnacionales tales como farmacéuticas, estudios cinematográficos y disqueras. El creador en lo individual no obtendrá ningún beneficio con este documento.

Algunos países están en la negociación, pero la gran mayoría de las naciones en el mundo se mantienen al margen de este acuerdo, o en el mejor de los casos, lo han rechazado.

Los mecanismos con que se cuenta a la fecha, están diseñados para la protección de la propiedad intelectual en todas sus manifestaciones. Refirió Jesús Robles Maloof que quienes se oponen a el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, no están a favor de la piratería sino que pugnan porque los mecanismos para combatirla sean utilizados.

La ley existe, está hecha para respetarla y lograr en su observancia, vivir en armonía. Aunque se lograra aprobar este Acuerdo Comercial Anti-Falsificación la problemática continuaría siendo la misma: Hacer que se cumpla la ley.

Artículo publicado en la revista impresa VozEnRed