Gustavo de la Rosa Hickerson, conocido en la frontera como “Pichu”, defiende a víctimas de violaciones a los derechos humanos desde 1972. Lo hace en Ciudad Juárez, Chihuahua, la ciudad más violenta del mundo. Dedicado a salvar vidas, me ha enseñado la centralidad de las víctimas para el ejercicio de nuestra profesión. Vive desde hace tiempo en El Paso, Texas, separado de su familia ante las múltiples amenazas de muerte que pesan sobre él, todos los días cruza la frontera y regresa a Juárez para trabajar como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En los últimos meses fue pieza clave para desmembrar a una banda de policías federales dedicada a extorsionar y secuestrar. Entre sus expedientes se encuentran también los relacionados con los policías municipales que desaparecieron y asesinaron a cuatro jóvenes; una amplia investigación sobre los asesinatos a la familia de activistas Reyes Salazar y la violencia que han sufrido jóvenes universitarios de Chihuahua.
Lo vi el pasado enero, en la conmemoración de la masacre de Villas de Salvárcar, comimos después en “Burritos Tony” rodeados de una escolta de cinco oficiales de élite de la Policía Federal. Empezaba el año y enumeraba las propuestas concretas para devolverle a Juárez un poco de paz. De la Rosa combina lo que en mi parecer debe tener todo defensor de derechos humanos: compromiso con las víctimas y claridad del contexto social.
Ayer hablé con él largo y tendido y me explicó que no podemos estar conformes con una ligera reducción de la criminalidad en Juárez, ya que aún se encuentra 16 veces por encima de un estándar aceptable y que las frías cifras representan personas de carne y hueso, muchas de ellas inocentes que pierden la vida, que son detenidas o privadas injustamente de su libertad. Además, los factores de la reducción en los delitos violentos se encuentran no solo en la acción de los gobiernos sino en el desgaste temporal de las bandas criminales.
Hace algunas semanas sentado en la mesa de Seguridad del programa “Todos somos Juárez” el gobernador de Chihuahua, César Duarte, le recriminó que en sus declaraciones públicas “hablara mal del gobierno”.
Hace algunas semanas sentado en la mesa de Seguridad del programa “Todos somos Juárez” el gobernador de Chihuahua, César Duarte, le recriminó que en sus declaraciones públicas “hablara mal del gobierno”.
Pero no tiene problema en sentarse con los militares si con ello puede resolver casos de violación a los derechos humanos. Habla con independencia siempre con argumentos. Reconoce las acciones acertadas de los gobiernos y denuncia con fuerza los abusos.
Días después recibió por parte de José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un oficio donde se le prohibía realizar cualquier declaración pública a nombre de la institución o concernientes a las quejas que se interpongan.
La determinación, si bien va dirigida a todos los visitadores, en realidad tiene como destinatario a Gustavo. Los otros visitadores no hablan porque nadie les pregunta. Hay historia en este intento de censura y es que aunque José Luis Armendáriz cuenta con un nombramiento de ombudsman del Congreso Estatal, no lo ejerce.
Armendáriz, fiel a los designios del gobernante en turno, le ha incomodado la independencia de “Pichu”. Intentó despedirlo y no lo logró gracias a la defensa de Gustavo en tribunales. Le ha reiterado todo apoyo administrativo y de oficinas, al grado que De la Rosa despacha un pequeño cubículo prestado por la Fiscalía General de Justicia.
Lejos de los manejos de la clase política y sus negociaciones, quienes pierden al censurar a un defensor de derechos humanos son las víctimas de la violencia. Todos los días Gustavo de la Rosa informaba a los medios de comunicación sobre las denuncias que recibía.
Es la denuncia pública de los casos lo que me ha permitido en muchas ocasiones, salvar vidas y contener y procesar a los delincuentes, me dijo ayer.
La instrucción de silencio de José Luis Armendáriz no solo refleja su pequeñez ante la estatura y la trayectoria de Gustavo de la Rosa.
Refleja la claudicación de quienes encabezan las instituciones en la defensa de los derechos humanos y su subordinación a los vaivenes políticos.
Por Jesús Robles Maloof
Colaboración publicada en la revista impresa VozEnRed, edición de mayo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario